Articles recomanats d'Ignacio Escolar

Los liberados políticos de Aguirre

Nosotros, los imbéciles 

 Los liberados políticos de Aguirre

En Génova han decidido no apuntarse a la particular guerra contra los sindicatos que abrió, por su cuenta, Esperanza Aguirre, junto con sus bien pagados medios afines. "Los liberados no son un problema", dijo el lunes María Dolores de Cospedal. Se ha impuesto en el PP la tesis de Pedro Arriola, que ha convencido a Mariano Rajoy de que la huelga general no va con ellos, que es un problema entre los sindicatos y el Gobierno donde la derecha no debe entrar, no vaya a ser que se lleve algún capón. Termina así el surrealista episodio de la semana pasada, cuando los ministros salían en defensa de los mismos sindicatos que han convocado una huelga general en su contra. Pero como Esperanza Aguirre va, una vez más, por libre, su populista pulso contra los liberados sindicales continuará.

Aguirre, hoy escandalizada por el número de liberados en la administración madrileña, olvida una cosa: que su número depende de unos convenios colectivos que ella misma firmó. ¿Son muchos? Depende. Según fuentes sindicales, son cerca del doble del mínimo que marca la ley, aunque esa cifra, como el sueldo o las vacaciones, es el resultado de los distintos convenios colectivos que ella misma firmó y no es muy diferente al de otras administraciones. También la ley establece un salario mínimo, y no por eso el sueldo de los funcionarios es de 633 euros al mes.

Esperanza Aguirre defiende que es necesario reducir el déficit y "apretarse el cinturón": "Sin atacar ni a los trabajadores, ni a los derechos de los trabajadores ni la ley. Simplemente bajando las holguras que en tiempos de bonanza haya podido haber". Está en su derecho, pero si pretende hacerlo sin pisotear la ley, tendrá que ser negociando nuevos convenios colectivos con los sindicatos; unos acuerdos que tienen rango de ley y que no se pueden romper alegremente porque, de un día para otro, Esperanza Aguirre decida aprovechar que la huelga general pasaba por aquí para colarse una vez más en el debate nacional –y evitar así que se hable de su gestión regional; de la Gürtel o de Fundescam–.

Pero si Aguirre realmente pretende ahorrar, lo tiene fácil. Lo que sí que ha crecido en estos siete años que lleva gobernando en Madrid ha sido el número de otro tipo de liberados: los políticos. A diferencia de los liberados sindicales, que votan los trabajadores, estos liberados son nombrados por el sistema digital. A dedo. Cuando la lideresa ganó las elecciones había en la Comunidad de Madrid de Gallardón 728 altos cargos de libre designación. Hoy son 1.521, a pesar de que la administración autonómica no ha asumido ninguna nueva competencia, según explicó este fin de semana el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Javier López. "Aguirre "encontró 34 jefes de área que hoy se han convertido en 294", denuncia López. "Había dos jefes de prensa y hoy hay un jefe de prensa y 8 delegados de prensa. Aguirre ha creado la figura de los subdirectores generales, alcanzando en 2010 el número de 187, y así hasta la cifra de 1.521 altos cargos y personal de dirección y de confianza".

López tiene razón en su crítica, y se olvida de un par de detalles más. El primero: que en pro de la eficiencia y la austeridad, el Gobierno regional modificó la ley para permitir que los viceconsejeros pudiesen cobrar también un sueldo extra como diputados de la Asamblea de Madrid –un detalle de lo más ahorrador–. El segundo: que una de las partidas presupuestarias que más ha crecido desde que Aguirre gobierna en la Comunidad de Madrid ha sido la dedicada al autombombo, a la publicidad institucional: esa generosa manguera con la que Aguirre riega a los medios amigos a cambio de su apoyo incondicional.

Nosotros, los imbéciles  

Dos años después del fin de Lehman Brothers, aún no sabemos cuánto nos va a costar el rescate a los bancos y cajas españoles. Ya llevamos gastados unos 12.000 millones de euros y, desde el Gobierno, calculan que la factura final rondará los 30.000. Es lo que cuesta salvar al sistema financiero patrio de las secuelas de la crisis internacional y, en mayor medida, de sus excesos durante la burbuja inmobiliaria. Por si acaso, el fondo de rescate español, el FROB, está presupuestado con un máximo de 99.000 millones, no vaya a ser que esa banca pase hambre.

Es fácil perderse con tanto cero. Pero 30.000 millones de euros, para los de letras, es cerca del 3% del PIB español. Es el doble del tijeretazo del déficit. Es casi ocho veces el recorte del sueldo a los funcionarios. Es 20 veces el ajuste de las pensiones. O es 50 veces lo que cuesta el plan de rescate para los parados de larga duración.

30.000 millones de euros en un país destrozado por la crisis es un inmenso montón de razones para que los responsables de esos bancos y cajas a los que ha salvado de sus errores el dinero de todos se escondan en una cueva y no salgan de allí hasta que se olvide su vergüenza. Pues no. Aún nos dan lecciones. Ayer, con el desparpajo habitual del sector, el director general de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Victorio Valle, calificó de “imbecilidad” la propuesta de esa mínima tasa a las transacciones financieras que respaldan algunos países de la Unión Europea y que pidió el lunes en la ONU Zapatero. Una imbecilidad, es decir, algo propio de imbéciles. Y tiene razón. Somos imbéciles, completa, absoluta y rematadamente imbéciles, si toleramos que el mismo sector financiero que hundió el planeta se vaya de rositas y encima nos insulte.