La UAB descarta que la propuesta de expulsión de estudiantes tenga una motivación ideológica
El centro, dispuesto a dialogar con los afectados antes de adoptar una decisión firme
El equipo de gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha asegurado que las propuestas de expulsión de 28 estudiantes de 1 a 11 años por las protestas violentas contra el plan Bolonia en primavera no tienen motivación ideológica, por lo que se ha mostrado dispuesto a dialogar con los afectados antes de tomar una decisión firme.
En un comunicado, la universidad ha explicado que los expedientes se abrieron por "las conductas violentas de un grupo de estudiantes, no por las ideas y motivaciones que las provocaron". En este sentido, la UAB entiende que "la expresión de opiniones ha de realizarse sin necesidad de recurrir a la fuerza ni impedir el funcionamiento de los órganos de gobierno".
La propuesta de sanción fue conocida ayer por los estudiantes afectados y su abogado, según han afirmado algunos de los expedientados. En los próximos cinco días se podrán presentar alegaciones y posteriormente se puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados.
El rector quiere hablar con los implicados
En concreto, de los 33 expedientes abiertos a 31 estudiantes --dos de ellos tenían dos expedientes-- se ha propuesto sancionar a 28 estudiantes, mientras que se propone el archivo de los expedientes a tres estudiantes porque no se ha acreditado su presencia en los incidentes.
Así, para los 28 estudiantes implicados se proponen sanciones en su mayoría de uno a dos años, aunque varios de ellos se podrían enfrentar a expulsiones de cinco, siete y hasta 11 años en total, según han explicado fuentes estudiantiles.
Las propuestas de sanción han sido elevadas al rector, Lluís Ferrer, que tiene que firmarlas, pero solo podrá hacerlo con los referidos al incidente del 18 de abril en el rectorado, mientras que en los de la Facultad de Letras y el rectorado el 29 y 30 de mayo, que son la mayoría, no podrá confirmarlos ya que fue testigo y declaró como tal a petición de la defensa.
El rector también ha expresado su voluntad de hablar con los afectados o sus representantes antes de tomar la decisión final sobre las sanciones.
Los hechos
Los universitarios consideran que las sanciones tienen carácter "político" y van dirigidas a "miembros del movimiento estudiantil, en especial representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad".
El 4 de marzo, los Mossos d'Esquadra desalojaron por la fuerza a una cincuentena de universitarios encerrados en la Facultad de Letras en contra del plan Bolonia. La carga policial enojó a los estudiantes, y el 18 de abril una veintena de ellos bloquearon el acceso al rectorado para impedir la celebración del consejo de gobierno e incluso llegaron a entrar de forma "ilícita" en el despacho del rector.
El 29 de mayo se ocupó el decanato de Letras y se obstruyó la salida del coche de la decana, Helena Estalella, del aparcamiento, mientras que al día siguiente se volvió a ocupar el Decanato, se entró en el despacho de Estalella, e incluso, dice la universidad, se accedió a información de su ordenador.
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